Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a adquirir el control en cerca de veinte compañías usando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, momento en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se Navegar por este sitio desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de dos meses.
Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y gestores en el ámbito del capital riesgo..